Los padres de un menor deberán pagar más de $6 millones por el costo del operativo. “Cara la jodita”, afirmó uno de ellos al ser notificado por la Policía
El gobierno de Santa Fe cobró la primera multa al padre de un adolescente que realizó una amenaza en una escuela. En total, la familia del menor deberá abonar $6.024.944, el monto equivalente al costo del operativo.
El ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, detalló que la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe “a ambos padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas”.
En el procedimiento realizado por la Policía esta mañana, la agente policial informó al padre sobre el detalle de la notificación. En ese momento, el padre reaccionó con la expresión: “Cara la jodita”.
Las notificaciones detallan el monto de la deuda y los medios de pago, con la expectativa de que los responsables asuman voluntariamente las consecuencias del hecho cometido por sus hijos, en la mayoría de los casos. El plazo para abonar es de cinco días; vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.
Más de 70 identificados
Cococcioni indicó que ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica “más de 70 personas involucradas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable. “A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicó.
Según estimaciones oficiales, con la identificación de los autores de estos 58 hechos y de los adultos responsables, el monto total reclamado superaría los $250 millones. “Es una cifra inicial que se irá incrementando, ya que cada nueva validación de la Fiscalía activa el mismo procedimiento”, señaló el ministro.
En este sentido, aclaró que se trata de “una indemnización civil por el resarcimiento del daño”, desvinculada de cualquier sanción penal. “No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, precisó.
Por último, el ministro explicó que el monto se calcula en función de los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas -como las de explosivos- y horas de servicio.
“No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, concluyó.
